AGENCIAS

Crisis de refugiados

Los ministros europeos de Interior mantendrán este martes una reunión extraordinaria en la que intentarán aprobar por consenso el reparto de 120.000 refugiados propuesto por la Comisión Europea (CE), así como las cuotas que debería asumir cada país para llegar a ese total. Esta reunión se produce tras un primer intento fallido la semana pasada por la oposición de países del Este como Hungría y República Checa a admitir cualquier compromiso de reparto con carácter obligatorio.

La principal diferencia con la medida presentada por Bruselas es que ésta iba dirigida a aliviar la situación de fuerte presión migratoria que viven Hungría, Grecia e Italia, pero Budapest se niega a ser beneficiaria del sistema. El Gobierno que lidera Víktor Orbán ha rechazado ser considerado país “de primera línea” en la crisis migratoria, sostiene que es un país de tránsito y no admite ser considerado beneficiario del plan de reparto.

Ello ha obligado en las negociaciones a contar con Hungría como país de acogida, al igual que el resto de Estados miembros, por lo que el acuerdo que se negocia asignará también un cupo de recepción a este país, de acuerdo a fuentes europeas, que no aclaran el nivel de dicho cupo. Por este motivo las 54.000 personas de esas 120.000 que debían trasladarse desde Hungría hasta otros Estados miembros se quedan de momento en un limbo que los países tendrán que ver cómo resolver.

La posibilidad que cobró fuerza en una reunión de los Veintiocho a nivel de embajadores este lunes por la noche es la de establecer un mecanismo para que cualquier Estado miembro que se vea desbordado por la llegada de refugiados pueda beneficiarse de las 54.000 plazas de demandantes a reubicar que quedarían de reserva y pedir apoyo a los demás socios para que saquen a personas de su territorio, según informaron fuentes comunitarias.

El riesgo de crear una reserva sin concretar qué países podrían usarla es que finalmente se pierdan esas 54.000 plazas para demandantes de asilo, por lo que la medida de la CE no beneficiaría a 120.000 personas sino solamente a 66.000. Fuentes comunitarias aseguraron que los compromisos de los Veintiocho sí permitirían llegar a ese total de 120.000 refugiados y serían similares a los que propuso el Ejecutivo comunitario.

A España, por ejemplo, le correspondían 14.931 personas del total, según el reparto planteado por Bruselas, una cifra que el Gobierno ya ha dicho que puede aceptar.

Penalizaciones

Otro de los cambios a la propuesta de la CE que negocian los países tiene que ver con la posibilidad de no participar en el reparto a cambio de una contribución al presupuesto comunitario. El plan que presentó el pasado día 9 el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, incluía la posibilidad de sancionar a los Estados miembros que no asumieran su parte de solidaridad en el reparto, con una penalización del 0,002% de su PIB.

Esta referencia ha desaparecido del borrador en el curso de las negociaciones, según fuentes europeas, si bien se mantiene la idea de “penalizar” al país que se aparte del programa. Se contempla que un Estado miembro rechace recibir a un 30% de la cuota que le corresponde, pero deberá notificarlo a la Comisión Europea y justificar la decisión con circunstancias excepcionales, como inundaciones o un sistema de acogida sobrepasado.

En cualquier caso, el Estado miembro en cuestión deberá pagar una “compensación” estimada en 6.500 euros por cada refugiado que no acepte reubicar. Desde Bruselas insisten en que no se trata de un sistema que permita a un Estado miembro quedar exento de sus obligaciones, sino que es una opción que se ofrece para casos “realmente exagerados” y que hace “muy difícil” que un Gobierno pueda hacer uso de él.

Otra opción que se baraja para los países con mayores dificultades para acoger a los refugiados es que puedan retrasar el inicio de las acogidas durante un periodo de seis meses, para que puedan solventar la situación excepcional que les dificulta participar en el plan de acogida. 

Uso de armas no letales

El Parlamento de Hungría por su parte aprobó este lunes unas leyes que permiten emplear al Ejército para apoyar el trabajo de la Policía en la vigilancia de las fronteras durante la crisis de los refugiados.

Los soldados podrán utilizar armas no letales y métodos coercitivos, comprobar la identidad y participar en el control fronterizo, así como bloquear carreteras o limitar el tráfico.

La ley autoriza a los soldados el uso de material antidisturbios como pelotas de goma y gas lacrimógeno, pero sólo podrán emplear las armas de fuego si su vida corre peligro.